SOS Hostelería, asociación en la que participan autónomos y empresarios del sector de la hostelería y del mundo del recreativo de la Comunidad Valenciana, ha interpuesto un recurso administrativo frente al reciente nombramiento de las vocalías de la Comisión de Juego de la Comunidad Valenciana, que se ha constituido de forma contraria a Ley y vulnerando los intereses legítimos de sus asociados. SOS Hostelería alerta que se ha ignorado, en términos de representatividad oficial, al sector hostelero y del recreativo de la Comunidad Valenciana, al haberse excluido de la Comisión de Juego, órgano consultivo, de estudio y asesoramiento en materia de juego, a una asociación que goza de gran representatividad en el mundo hostelero y recreativo valenciano.
La propia asociación ASVOMAR se ha unido a esta iniciativa y también ha emprendido acciones legales frente a lo que se considera una nueva acción unilateral y arbitraria que cercena los intereses y derechos legítimos de representación de los autónomos y empresarios del sector de la hostelería
Trato discriminatorio al sector de la hostelería
En resumidas cuentas, el Recurso de Reposición interpuesto por SOS Hostelería ha denunciado que la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, encabezada por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, no ha seguido el procedimiento ni ha contemplado los requisitos establecidos en el propio Decreto 94/2022, de 15 de julio, del Consell, por el que se aprueba la composición, organización y funcionamiento de la Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana.
La exclusión de SOS Hostelería por parte de la Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana es totalmente contraria a la Ley 1/2020, de 11 de junio, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, al entender que no representa a ninguno de los subsectores recogidos en la convocatoria, esto es, separando interesada y deliberadamente al sector hostelero del mundo recreativo, cuando son sectores económicamente interdependientes y que cumplen una función social.
Este hecho evidencia, una vez más, la intención, del todo deliberada, de la Generalitat Valenciana de ir diluyendo, hasta su definitiva eliminación, las máquinas de tipo B de los establecimientos de hostelería tradicionales.
Además, con la interposición de este recurso se pretende poner de manifiesto la deliberada omisión, por parte de la Generalitat Valenciana, de la fuerza representativa de SOS Hostelería, ya que la plataforma, formada por autónomos, empresarios del sector de la hostelería y del mundo recreativo, ha sido injustificada e ilegalmente ignorada al haberse seleccionado a otras asociaciones que cuentan con un número de asociados notablemente inferior al de SOS Hostelería.
Desde la plataforma no se puede tolerar que la Generalitat Valenciana cercene los legítimos intereses y derechos del sector hostelero y del mundo recreativo. Y es por ello que, a través de la acción legal descrita, se ha solicitado la invalidez y nulidad de la Resolución que nombra a los miembros de la Comisión de Juego de la Comunitat Valenciana.
Mediante esta solicitud se exige que dicha Resolución quede sin efecto y se proceda a realizar un nuevo nombramiento conforme a la Ley, que tomando en consideración los requisitos establecidos en la misma, determine la inclusión de SOS Hostelería en dicha Comisión, por gozar de mayor número de asociados que las asociaciones que actualmente la conforman y, por tanto, mayor grado de representatividad, en el sector hostelero y el mundo recreativo.
Próximas acciones
El objetivo principal de SOS Hostelería es la revocación de la actual Comisión de Juego de la Comunidad Valenciana y el nombramiento de una nueva que cumpla, en su nombramiento, composición y funcionamiento con la legalidad vigente.
Para lograrlo, la plataforma SOS Hostelería no descarta que, en un futuro próximo, se interpongan otras medidas de orden legal, acudiendo si es menester a los Tribunales de Justicia, ya que su intención es agotar la totalidad de vías legales en la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de sus asociados.
